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Seguimiento a las órdenes de la sentencia

La Sentencia del Consejo de Estado impuso tareas específicas a autoridades nacionales, regionales y locales, encaminadas a la gestión integral y preservación de la cuenca hidrográfica del Río Bogotá. A continuación, las ordenes más importantes para el sector de la construcción. 

 

4.35. – 4.36. Definición del esquema de tratamiento para la descontaminación del Río Bogotá en la cuenca media el cual estará constituido por 2 PTARES asi: (i)  Ampliación de la actual PTAR Salitre en caudal y capacidad de tratamiento; (ii) Construcción de una segunda planta aguas abajo de la desembocadura del Río Tunjuelo sobre el Río Bogotá, ésta última quedará localizada en el sitio denominado “Canoas”, para su efectivo aprovechamiento y deberá considerar diseño y construcción para la elevación de las aguas con el fin de lograr correcto tratamiento y generación eléctrica en el Embalse del Muña.

4.37. Definición de la capacidad de tratamiento de las plantas de “El Salitre” y “Canoas” deberán cubrir la totalidad de las aguas residuales de la cuenca media.

4.38. Definición del nivel de tratamiento de las plantas ubicadas en la cuenca media de acuerdo con tratamiento secundario de desinfección. 

4.39. Adquisición del predio para la construcción de la PTAR de Canoas y la estación elevadora por parte Distrito Capital y la E.A.A.B., en un término de 6 meses contados desde la ejecutoria de la sentencia

4.57. Cofinanciación de la construcción, optimización y estandarización de las PTAREs municipales por la CAR y el Departamento de Cundinamarca, en el término de tres (3) años contados a partir de la ejecutoria de la sentencia.

 

 

 

4.18. Modificación y actualización de los Planes de Ordenamiento Territorial – POT, Planes Básicos de Ordenamiento Territorial - PBOT y Esquemas de Ordenamiento Territorial – EOT para ajustarlos a los contenidos ambientales, de cambio climático y la gestión de riesgos del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá – POMCA expedido el 07 de abril de 2019, todo ello en un término perentorio e improrrogable de doce (12) meses contados a partir de la expedición del POMCA.

 4.19. Adopción en sus microcuencas de los respectivos planes de manejo ambiental de conformidad con lo previsto en el título V del Decreto 1640 de 2012, como instrumento de protección a las fuentes hídricas, todo ello en el término perentorio e improrrogable de doce (12) meses contados a partir de la ejecutoria de la sentencia.

4.20. Realización, revisión y/o ajuste en los Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado – PMAA- y Planes de Manejo de Acueducto y Alcantarillado para interceptar todos los vertimientos directos a cuerpos de agua y que éstos sean conducidos a la planta de tratamiento de aguas residuales correspondiente. Los PMAA deberán incluir los planes de rehabilitación de redes, todo ello en un término perentorio e improrrogable de veinticuatro (24) meses contados a partir de la ejecutoria de la sentencia.

4.21. Realización, revisión y/o ajuste de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV para garantizar el manejo integral y minimizar y reduzca la contaminación en la cuenca hidrográfica del Río Bogotá, lo anterior bajo criterios técnicos y económicos, dentro del término de veinticuatro (24) meses contados a partir de la ejecutoria de la sentencia. 

4.22. Realización, revisión y/o ajuste de los Planes de Gestión Integrada de Residuos Sólidos – PGIRS, con los involucrados en la gestión, manejo y disposición de los residuos sólidos, acorde con los lineamientos de la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el particular, dentro del término de veinticuatro (24) meses contados a partir de la ejecutoria de la sentencia. 

 

 

4.34. Garantizar de manera inmediata la sostenibilidad de la oferta del recurso hídrico a los diferentes usuarios a lo largo de la cuenca.

 

 

Que, dentro de sus competencias, coordinen y ejecuten actividades de:  

 

  1. Delimitación geográfica de las zonas excluidas de minería en donde no podrán ejecutarse trabajos y obras de explotación. 
  2. Revocar o suspender las licencias, títulos, permisos, autorizaciones o concesiones para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales y del medio ambiente en las zonas de exclusión y/o cuando se establezca el incumplimiento de las condiciones o exigencias de acuerdo con los actos de expedición. 
  3. Exijan de los particulares o entes públicos o privados titulares de licencias ambientales, autorizaciones, permisos o concesiones a cielo abierto, o en una zona específica, declarados responsables, la indemnización, restauración o sustitución morfológica y ambiental de todo el suelo intervenido en la explotación, por cuenta de los beneficiarios de dichos títulos, permisos, licencias o concesiones. 
  4. Realización del inventario de Pasivos Ambientales Mineros –PAM con el objeto de adelantar los procesos administrativos y judiciales correspondientes.  
  5. Incorporación en los proyectos mineros legales de la región, o en otros proyectos socioeconómicos, a los integrantes de las familias con necesidades básicas insatisfechas que derivan su subsistencia de dicha actividad, de acuerdo con la caracterización que de ellos se realice.