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 Comunicado POT

  • Camacol Bogotá y Cundinamarca realizó el 3 de agosto el Foro Hablemos de Ordenamiento: conversación en 3 tiempos, jornada virtual en la que diferentes expertos analizaron tres grandes temas contenidos en la propuesta del POT de Bogotá: potencial y necesidades de vivienda, articulación de la norma urbana con el modelo de ciudad y la eficacia de la norma. 

 

Para que el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá, pueda cumplir sus grandes objetivos: lograr una ciudad de proximidad, cuidadora, que proteja su estructura ecológica principal y que brinde seguridad jurídica, Camacol B&C hizo un llamado a abrir el diálogo para que se logre materializar una participación incidente y así Bogotá pueda contar con el mejor POT posible.

 

“Estamos de acuerdo con la visión planteada por la Alcaldesa de Bogotá que recoge los anteriores elementos; sin embargo, la materialización de la norma en el documento de la propuesta del POT genera problemas para el desarrollo urbano formal”, dijo Alejandro Callejas, gerente de Camacol B&C.

 

Para Callejas, existe una preocupación muy grande desde el sector por los altos incrementos en las cargas urbanísticas, lo que para la ciudad representa una pérdida de oportunidades para la generación de espacio público y equipamientos, elementos vitales en la construcción de la Bogotá que todos soñamos.

 

El dirigente gremial agregó que “no queremos que el POT deje el desarrollo urbano en manos de la informalidad, y en algunos casos de la ilegalidad, lo que de inmediato tiene un impacto negativo en lo que todos queremos proteger: la estructura ecológica principal”.

 

En la apertura del foro estuvo presente la secretaria Distrital del Hábitat, Nadya Rangel, quien anunció que en materia de vivienda, en los próximos 14 años Bogotá podría generar 460 mil unidades nuevas.  

 

Las metas de vivienda planteadas en la propuesta del POT han sido motivo de análisis por el Gremio, puesto que no logran dar solución a más de un millón de nuevos hogares que se formarán en la ciudad durante la vigencia del POT, según proyecciones del DANE. Los planteamientos permiten deducir que la apuesta dependerá en parte de los acuerdos que se logren con los municipios de la región.

 

El potencial y necesidades de vivienda fue el primer tema de debate en el foro, y sobre el que los panelistas manifestaron su preocupación, reiterando que para expulsar a los hogares a los municipios vecinos se necesita un plan muy bien estructurado que contemple servicios públicos y movilidad, entre otros aspectos. 

 

En ese primer diálogo participaron: el arquitecto Carlos Roberto Pombo Urdaneta; David Monroy, director de Gestión de Conocimiento de la Cámara de Comercio de Bogotá, y María Carolina Castillo, presidenta ejecutiva de ProBogotá Región. Para ellos la vivienda es uno de los elementos esenciales de cualquier territorio, y por eso es necesario estructurar un instrumento de ordenamiento aterrizado a la transformación sociodemográfica, climática y tecnológica. Hicieron un llamado a disminuir la informalidad, pues coinciden en que Bogotá hasta el momento no ha tenido la capacidad de generar vivienda a la par con la necesidad de los ciudadanos, lo que aumenta el déficit año a año.

 

Los tres panelistas señalaron el gran reto que representa la creación de las viviendas que necesita Bogotá, de la mano con el desarrollo formal y la consolidación de la ciudad de los 30 minutos que plantea la Administración.

 

Uno de los temas que más preocupan al sector constructor es cómo articular la norma urbanística para concretar un modelo de ordenamiento; aspecto que fue planteado en el segundo espacio de discusión, en el que participaron: Andrés Pacheco, gerente general de Amarilo; Juan Camilo González, subgerente corporativo de Ingeurbe, y Juan Fernando Casilimas, presidente ejecutivo de Grupo Uraki, con la moderación de Andrés Arango, gerente de Urbanum.

 

Los panelistas estuvieron de acuerdo en que la propuesta del POT tiene propósitos loables, pero que la ejecución de la norma tal y como está propuesta pone en riesgo la estructuración de proyectos de vivienda de interés social y prioritario. Lo anterior porque el incremento de las cargas urbanísticas de manera desproporcionada y la intervención del Estado en el mercado inmobiliario termina por afectar el cierre financiero de los proyectos.

 

Como desarrolladores saben que el mecanismo más efectivo para disminuir el precio del suelo es el incremento de la oferta y la habilitación de más área; por el contrario, la  reducción del suelo de expansión sumada a la desproporción de las cargas terminaría generando el aumento, lo que afecta de manera directa la generación de vivienda para los más necesitados, y con ello la generación de espacio público y equipamientos urbanos, así como la generación de empleo y los recursos que tanto requiere la ciudad para las obras de desarrollo.

 

La tercera conversación de la jornada se dio en torno a la eficacia de la norma de ordenamiento territorial, de manera que esta pueda generar el resultado esperado y permita concretar las apuestas planteadas para el modelo de la ciudad. En este panel participaron los abogados Juan Manuel González de PGP Abogados, y Felipe Arbouin Gómez, director del Departamento de Derecho Privado de la Universidad Javeriana, y lo los arquitectos Ruth Cubillos Salamanca, presidenta de la Corporación de Curadores Urbanos de Bogotá, y Mauro Baquero Castro, presidente del Colegio Nacional de Curadores Urbanos. Espacio moderado por Alejandro Turbay, de la firma Posse Herrera Ruiz.

 

Los panelistas alertaron sobre la importancia de tomarse el tiempo para revisar eventuales fallas en los procedimientos de diagnóstico y formulación, y así evitar un posible riesgo de suspensión o de declaración de nulidad en un futuro. Por tal motivo hicieron un llamado para asegurar que lo que queda del proceso se haga con base en información técnica y en los términos que lo define la Ley. Insistieron en la necesidad de lograr que la propuesta tenga un contenido normativo completo, articulado con las normas nacionales de ordenamiento y con un régimen de transición claramente definido. También destacaron la necesidad de contar con una norma que tenga la suficiente claridad y simplicidad, y que su aplicación no dé lugar a vacíos normativos ni a diferentes interpretaciones.

 

Participación, completar la norma, régimen de transición y reglamentación de las cargas urbanísticas es lo que, según los expertos, se debe considerar en lo que resta para la formulación del POT.

 

El gerente de Camacol B&C destacó la necesidad de continuar el trabajo en equipo, para lograr la mejor norma de ordenamiento posible. “Este es un esfuerzo de ciudad que no podemos perder. El POT nos pertenece a todos los ciudadanos; por lo tanto la participación incidente de todos es un propósito sobre el que vale la pena seguir construyendo”, aseguró Callejas.

 

 

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