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Alejandro Callejas editorial89

 

  • Ya cumplimos más de un año de trabajo alrededor del futuro Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá con jornadas en las que los equipos técnicos han analizado, revisado y enviado propuestas con soporte técnico a la Administración. Hoy que sabemos que el documento fue entregado al Consejo Territorial de Planeación Distrital (CTPD), donde será analizado para ser puesto a disposición del Concejo de Bogotá, nos preocupan varios temas.

 

Desde Camacol Bogotá y Cundinamarca compartimos la idea que tal vez hoy más que nunca se requiere un POT que fije las reglas de juego para nuestro desarrollo como ciudad y sirva a su vez como un instrumento de reactivación económica, enfocado en generar empleos, viviendas y espacio público, que permitan a los hogares Bogotanos vivir y desarrollarse plenamente en la ciudad.

 

Sin embargo, un POT posible no puede quedarse en planteamientos e ideologías. Debe asegurar que sus apuestas puedan concretarse de la mano de todos los actores de la ciudad.

 

En diferentes espacios hemos manifestado nuestra preocupación, principalmente, por los contenidos normativos del Proyecto de Acuerdo de la propuesta del POT de Bogotá, pues después de estudiarlos a fondo sabemos que podrían no estar encaminados a alcanzar la visión clara de ciudad sostenible, incluyente y cuidadora que la Administración plantea.

 

Por ejemplo, en el tema de norma urbana hemos realizado modelaciones que evidencian la necesidad de ajustar el contenido normativo, pues no se logra concretar las propuestas de desarrollo; por el contrario, hace inviable la generación de vivienda social, espacio público y de proyectos estratégicos para el bienestar de los ciudadanos. La excesiva intervención del mercado y la desproporción en el planteamiento de cargas urbanísticas, simplemente, hacen inviable la construcción de vivienda en Bogotá. 

 

También hemos insistido en que las metas de generación de vivienda respondan a las proyecciones de crecimiento poblacional que ha estimado el DANE, pues mientras este último prevé la formación de más de un millón de nuevos hogares durante los años que tendrá vigencia, la propuesta del POT plantea un desarrollo para atender las necesidades de vivienda, equipamientos y espacio público para tan solo 570 mil de ellos, lo que deja a casi la mitad de los hogares sin respuesta efectiva a estas necesidades. Es decir, los ciudadanos tendrán dos alternativas: vivir en los municipios aledaños a la ciudad o la informalidad. Si la apuesta es por lo primero, la norma de ordenamiento debería proponer  una organización del territorio en la que los municipios aledaños estén involucrados y asegura la disponibilidad de servicios públicos y conectividad que van a requerir los bogotanos que deban desplazarse a dormir en los municipios vecinos. Eso está lejos de ser una ciudad de 30 minutos. 

 

El panorama de la informalidad nos preocupa aún más, porque claramente va en contra del espíritu del instrumento respecto a consolidar una ciudad sostenible, incluyente y cuidadora. Obligar a los hogares a solucionar sus necesidades habitacionales de manera informal afecta el desarrollo integral de la ciudad, la generación de espacio público, además de la inversión y el empleo que se gesta desde el desarrollo formal.

 

Además de lo anterior, hacer una apuesta por generar prácticamente todas las viviendas en tratamiento de renovación urbana, tal como está planteado en la propuesta del POT, es algo que no se explica; más aún cuando esta Administración no ha adoptado ni un solo plan parcial de renovación urbana. Por el contrario, en lugar de incentivarla le ha generado cargas y obligaciones que hacen que financieramente se imposibilite su desarrollo. 

 

Claro que queremos y necesitamos un POT actualizado, pero este debe estar proyectado y pensado en atender las necesidades de largo plazo, permitiendo que los proyectos estratégicos se consoliden independientes de los cambios de gobierno. La invitación es a reconocer el trabajo articulado y los estudios realizados para que la ciudad pueda tener el mejor POT posible. Buscamos un documento enmarcado en la constitucionalidad y la legitimidad, que brinde bienestar y asegure el desarrollo sostenible.

 

Los POT tienen una vocación de ordenamiento territorial y así deberían estar estructurados. Por eso, en representación del sector, seguiremos acompañando el proceso y haciendo seguimiento riguroso a la propuesta para asegurarnos de lograr el #POTqueNecesitaBogotá.

 

Por Alejandro Callejas, gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca

 

 

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