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  • El gremio constructor de Bogotá se mostró preocupado por el contenido de la Resolución No. 1641 del 3 de diciembre de 2020, emitida por la Secretaría Distrital de Planeación. Esta norma deroga otras resoluciones que definían la mitigación de los riesgos de amenaza por inundación y que estaban basadas en estudios técnicos.

 

Con extrañeza recibió Camacol Bogotá y Cundinamarca la publicación por parte de la Secretaría Distrital de Planeación de la Resolución del pasado 3 de diciembre que deja sin efecto las Resoluciones 1060 y 1631 de 2018, y plantea la actualización del mapa de amenazas de inundación (No 4). Estas resoluciones derogadas definían la mitigación de riesgo por inundación en el área de influencia del río Bogotá y del río Tunjuelo.

 

“Una de nuestras preocupaciones, y algo que nos causa sorpresa, es que no teníamos conocimiento que se estuviera trabajando en una resolución de este tipo. Por el contrario, en los diferentes espacios de diálogo que hemos tenido con la Secretaría de Planeación, hemos sabido que se estaban haciendo estudios por parte de los órganos competentes para la revisión del tema de riesgo, estudios que aún no concluyen”, manifestó el gerente de Camacol B&C, Alejandro Callejas Aristizábal.

 

Además, la resolución se expidió sin haber contado con el proceso de participación que debe aplicarse a la formulación de cualquier norma que tenga que ver con acciones urbanísticas, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 4 de Ley 388 de 1997. Así, el documento preliminar de la resolución debió haber sido publicado para conocimiento y participación de los interesados, algo que nunca pasó.

 

Independiente del debate jurídico que esto pueda generar, Camacol B&C considera que debido a la naturaleza de los temas y la importancia de las modificaciones que plantea la Resolución, se hacía necesario un espacio democrático de socialización, donde la participación y la conversación de los componentes técnicos y jurídicos le dieran la transparencia al objetivo de la Resolución. 

 

Adicionalmente, las inquietudes del Gremio también tienen que ver con la inestabilidad jurídica que se genera. Es claro que la seguridad jurídica debe ser una característica que oriente la expedición de las normas, ya que uno de los objetivos de estas es producir certeza y confianza en los particulares que deben acatarlas; algo que no pasa cuando se cambian las normas de un momento a otro desconociendo lo construido, como ocurre en este caso, y sin argumentos técnicos suficientes que permitan o motiven una resolución de este alcance.

 

Para Camacol B&C, las resoluciones que se pretenden derogar eran avances importantes de la Administración en temas de riesgo, ya que su contenido se basó en estudios técnicos que fueron realizados por autoridades como el Idiger, la Secretaría de Ambiente, e inclusive contaban con conceptos de organismos como el Banco Mundial. Sin embargo, la Resolución 1641 no incluye ningún estudio ni se basa en análisis que le den fundamento a los planteamientos técnicos. Esto, además de desconocer los avances de la propia Administración, excluye las acciones e inversiones que entidades como la Corporación Autónoma Regional (CAR) de Cundinamarca ha venido adelantando en temas de adecuación hidráulica. Es necesario precisar los efectos que ahora se producirán sobre las demás normas del ordenamiento, buscando evitar vacíos, interpretaciones y contradicciones que solo generan mayor incertidumbre.

 

Vale la pena resaltar que la implementación de la Resolución 1641 impacta inmediatamente la realización de los 11 planes parciales que actualmente se encuentran aprobados y adoptados por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá, más los que se encuentran en las fases de estudio, concertación ambiental y formulación. Todos estos tienen un potencial de generar en el mediano y largo plazo 68.000 unidades de vivienda para los bogotanos, además del urbanismo, los equipamientos y las actividades económicas que se desprenden de su ejecución. También se estará afectando la generación de 122.500 empleos directos y 136.000 indirectos aproximadamente.

 

Finalmente, el Gremio se mostró preocupado también por el impacto que pueda tener esta resolución en el desarrollo de las obras de un proyecto de infraestructura tan importante para la ciudad como es el Metro de Bogotá, ya que la Resolución deja en entredicho el suelo destinado para los patio-talleres que se ubicarían en la localidad de Bosa.

 

“Insistimos en nuestro llamado a la Administración Distrital para que se revise el sentido y la conveniencia de una norma que no cuenta con el sustento técnico que sí tienen las que deroga. No es bueno para la ciudad que se desconozca el trabajo adelantado en materia de manejo de riesgos, y tampoco que se afecten los proyectos que tanto necesita la ciudad, más de cara al impulso que le puede dar el sector edificador a la reactivación económica por cuenta de estos”, concluyó el dirigente gremial.

 

 

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