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Cortesía de: Invest in Bogotá

Para Camacol Bogotá y Cundinamarca, las zonas de reserva forestal de los cerros orientales de Bogotá están claramente delimitadas por la Ley, producto de los debidos estudios técnicos y ambientales. El llamado del Gremio es a la defensa de la legalidad y la seguridad jurídica.

La gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca, Martha Cecilia Moreno Mesa, se pronunció sobre temas que han registrado en las últimas semanas los medios de comunicación referente a las zonas de reserva ambiental en Bogotá. La dirigente gremial explicó que todos los decretos de incorporación expedidos dentro del Acuerdo 6 de 1990, y que están vigentes para el desarrollo de la ciudad, fueron originados y soportados en estudios y análisis técnicos serios de los riesgos de inundación y ambientales, entre otros que permite establecer dónde se puede llevar a cabo el desarrollo de vivienda. A partir de esto, se establecen las áreas útiles y sus usos. “Esta áreas útiles son totalmente legítimas, y tiene derechos adquiridos que deben ser respetados, independientemente del dueño o desarrollador del predio”.

Para el Gremio, el caso de las áreas urbanas cercanas al humedal La Conejera es un ejemplo de zonas donde hay plena legitimidad de los derechos de los dueños de los predios. Lo mismo sucede con los decretos de cerros orientales, que además fueron reconocidos por la sentencia del Consejo de Estado de 2013 que ordena el respeto y la garantía a los derechos adquiridos.

Además, Moreno Mesa recordó la importancia de generar y mantener la seguridad jurídica y la confianza legitima. “Es deber de las autoridades públicas actuar de manera coherente y consecuente con las normas existentes, de manera que quienes tienen previstos desarrollos en zonas que la ley lo permite, no se vean sorprendidos con acciones contrarias a sus expectativas legítimamente fundadas en el principio de confianza legítima en las decisiones estatales que confieren derechos particulares”.

“No se puede desconocer lo que determina la ley y la Sentencia del Consejo de Estado, ni establecer nuevas situaciones de exclusión a derechos licenciados en ninguna parte de la ciudad, como exigir obras de urbanismo totalmente ejecutadas, máxime cuando se suspendieron por causa de la medida cautelar del proceso”, agregó la gerente de Camacol B&C.

 

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